Expertos alertan por hacinamiento en el sistema penitenciario

En Colombia, más de 104 mil personas permanecen privadas de la libertad en centros carcelarios diseñados solo para 81 mil.

El hacinamiento en las cárceles y centros de detención transitoria de Colombia continúa agravándose, dejando al descubierto las condiciones infrahumanas del sistema penitenciario. De acuerdo con cifras del INPEC, al 23 de septiembre de 2025 la sobrepoblación carcelaria alcanza el 28,6 %, lo que representa un incremento de 2,1 puntos frente al año anterior.

Así lo advirtió Samuel Escobar, director del Pregrado en Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario, al alertar que la crisis golpea con mayor fuerza a los centros de detención transitoria, donde la sobrepoblación asciende al 142,56 %. En estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), diseñadas para albergar 9.687 personas, actualmente permanecen 20.889, es decir, más del doble de su capacidad.

“Las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad ameritan permanente reflexión y trabajo para su dignificación. El 24 de septiembre, día de la Virgen de la Merced, patrona de los reclusos, recordamos la necesidad imperiosa de superar el estado de cosas inconstitucional que se vive en cárceles y centros de detención”, expresó Escobar.

El académico también llamó la atención sobre el impacto diferenciado del hacinamiento. Aunque las estadísticas generales no reflejan sobrepoblación femenina, en algunos centros la situación es crítica. En Bogotá, el hacinamiento en cárceles de mujeres alcanza el 40,85 %, mientras que en el Cesar asciende a un alarmante 140 %.

Escobar enfatizó que el hacinamiento es apenas un síntoma de un problema más profundo, reflejado en la vulneración de derechos fundamentales como el acceso a la salud, la alimentación y la justicia. Además, señaló que la construcción de nuevas cárceles o la privatización del sistema no ofrecen soluciones de fondo.

“La experiencia ha demostrado que el aumento de penas no previene el delito, que las cárceles no resocializan y que, por el contrario, en muchos casos se convierten en escenarios que fortalecen carreras criminales. Necesitamos pensar en políticas criminales centradas en la prevención y en alternativas reales a la reclusión”, afirmó.

En esa línea, recordó que más de 4.300 personas privadas de la libertad en Colombia no saben leer ni escribir, pero solo 1.374 están vinculadas a programas de alfabetización. “Si como país adoptamos modelos restaurativos para superar atrocidades del conflicto armado, ¿por qué no pensar en fórmulas similares para los crímenes ordinarios?”, concluyó el académico