Más de 5 mil madres de familia que están en la cárcel quedarán en libertad

Este decreto busca proporcionar oportunidades de reintegración y mejorar el sistema carcelario en el país.

El gobierno de Gustavo Petro en Colombia ha firmado un decreto que permitirá a más de 5,000 mujeres cabeza de familia condenadas a penas de cárcel por delitos específicos, salir de prisión para trabajar en servicio social. Esta medida forma parte de la estrategia de humanización del sistema carcelario del país y busca abordar la crisis carcelaria que la Corte Constitucional ha declarado como un estado de cosa inconstitucional.

El decreto establece que este beneficio se otorgará exclusivamente a madres cabeza de familia, es decir, aquellas que ejercen la jefatura del hogar y tienen bajo su cuidado hijos menores o personas con discapacidad permanente. La vigilancia y control de estas mujeres fuera de la cárcel serán responsabilidad de jueces de ejecución de penas y del Ministerio de Justicia. Además, se permite que estas mujeres desempeñen trabajos sociales desde sus municipios de residencia.

Las organizaciones y entidades interesadas en ofrecer empleo a estas mujeres deberán coordinar con el Ministerio de Justicia para dar a conocer sus ofertas de trabajo. El decreto también establece que solo podrán acceder a este beneficio las mujeres condenadas a penas de cárcel iguales o superiores a ocho años por delitos específicos, como hurto, tráfico de estupefacientes, destinación ilícita de bienes, entre otros.

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La decisión final sobre la elegibilidad para este programa recae en un juez de ejecución de penas, y se excluye a las mujeres condenadas por violencia intrafamiliar o que hayan utilizado a menores de edad para cometer delitos.

El decreto enumera 14 tipos de trabajos que estas mujeres podrán desempeñar como parte de su servicio social, enfatizando que deben contribuir a su resocialización y no estar limitados a roles tradicionalmente asignados a las mujeres. Algunos ejemplos de estos trabajos incluyen apoyo a víctimas, promoción del bienestar animal, asistencia a comunidades vulnerables y conservación ambiental.

El decreto también establece medidas para sancionar el incumplimiento de las reglas por parte de las beneficiarias, como la falta de asistencia al trabajo sin una excusa válida o un rendimiento insatisfactorio.

Esta iniciativa representa un paso significativo en la reforma del sistema carcelario de Colombia y busca brindar oportunidades de resocialización y reintegración a madres cabeza de familia condenadas.