Siniestralidad vial una urgencia de acciones efectivas

La alta siniestralidad vial en Colombia, refleja una preocupante tendencia.

Un reciente estudio de la Contraloría General de la Nación ha revelado importantes deficiencias en la supervisión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. La investigación, que examina la situación de la seguridad vial en Colombia, destaca que no se cuenta con indicadores adecuados para el seguimiento de los lesionados sobrevivientes de accidentes de tránsito.

En el informe «Evaluación del impacto fiscal de la siniestralidad vial en el sistema de salud», realizado en 2023, se determinó que en 2022 las atenciones a víctimas de accidentes de tránsito superaron el millón de casos. Estas atenciones incluyeron gastos en salud, incapacidad permanente, transporte, muerte y gastos funerarios, con un costo total superior a los $2.7 billones. Los pagos correspondientes fueron realizados con cargo al sistema SOAT, producto de las reclamaciones a las aseguradoras y a la ADRES.

La política pública nacional busca reducir las muertes y lesiones causadas por siniestros viales en al menos un 50% para el año 2030. Sin embargo, la Contraloría General de la República ha encontrado que los avances hacia las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible están significativamente rezagados.

En 2022 y 2023, las metas de reducción de personas fallecidas se establecieron en 7.015 y 6.675 respectivamente. No obstante, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, las cifras reales de fallecidos en esos años fueron de 8.469 y 8.546, respectivamente. Para 2024, la meta es reducir a 6.371 personas fallecidas, lo que subraya la necesidad de acciones efectivas para revertir la tendencia creciente de siniestralidad vial.