Cambian reglas de la eutanasia en Colombia

La eutanasia en Colombia ya no será exclusiva de pacientes terminales, luego de que el Ministerio de Salud actualizará la normativa.

El Ministerio de Salud expidió la Resolución 813 de 2026, una normativa que redefine el alcance del derecho a morir dignamente en Colombia e introduce cambios clave en el acceso a la eutanasia dentro del sistema de salud.

Uno de los principales ajustes establece que este procedimiento ya no estará limitado únicamente a pacientes en fase terminal. A partir de ahora, también podrán solicitarlo personas con enfermedades graves e incurables que generan un sufrimiento intenso, incluso si no se encuentran en etapa final de vida, ampliando así el grupo de beneficiarios de este derecho.

La resolución también redefine el concepto de muerte digna, integrando no solo la eutanasia, sino también los cuidados paliativos enfocados en el manejo del dolor y la calidad de vida, así como la adecuación de los esfuerzos terapéuticos, que permite suspender o no iniciar tratamientos cuando estos resultan desproporcionados o sin beneficio para el paciente.

En cuanto a la toma de decisiones, la norma introduce reglas más claras sobre el consentimiento informado y contempla escenarios en los que el paciente no pueda expresar su voluntad directamente. En estos casos, se incluye el consentimiento sustituto y la figura de los “apoyos interpretativos de la voluntad”, que permiten considerar manifestaciones previas del paciente para orientar la decisión médica.

Otro de los ejes centrales es el fortalecimiento de la autonomía del paciente. La normativa señala que las decisiones sobre el final de la vida deben basarse principalmente en la voluntad de la persona, teniendo en cuenta su concepto de dignidad, calidad de vida y nivel de sufrimiento.

Finalmente, la resolución actualiza el rol de los comités dentro del sistema de salud. Los comités de ética hospitalaria tendrán un papel consultivo en casos complejos, mientras que los comités interdisciplinarios de eutanasia serán los encargados de verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al procedimiento.

Con esta medida, el Gobierno Nacional busca garantizar un enfoque más amplio, humano e integral frente a las decisiones relacionadas con el final de la vida en el país.