CIDH condena a Colombia por persecución contra colectivo de abogados
Escrito por Daniela Perdomo Reyes - 03/18/2024
La corte ha declarado al Estado colombiano culpable de hostigar y perseguir a los miembros del Cajar.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha concluido el caso de más de dos décadas que investigaba la persecución sistemática por parte del Estado colombiano contra integrantes de la Corporación Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar). La sentencia emitida este lunes 18 de marzo determinó que Colombia violó múltiples derechos fundamentales, incluidos el derecho a la vida, la integridad personal, la vida privada y otros cinco derechos adicionales.
Durante la lectura de la sentencia, la Corte IDH detalló que el Estado colombiano infringió una serie de derechos esenciales, incluidos la libertad de pensamiento y expresión, la autodeterminación informativa, el derecho a conocer la verdad y las garantías judiciales, entre otros. Esta decisión marca un hito significativo en la lucha por la protección de los derechos humanos en Colombia.
El caso reveló que el Estado colombiano utilizó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para monitorear las actividades de los miembros del Cajar, incluyendo la vigilancia de correos electrónicos, teléfonos fijos y celulares, así como el perfilamiento de sus integrantes. Estas acciones ilegales, según la Corte, no fueron sometidas a ningún control judicial.
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La violencia perpetrada por el Estado alcanzó su punto más crítico en la década de 1990. Además del monitoreo ilegal, los integrantes del colectivo sufrieron hostigamientos, amenazas y campañas de desprestigio. Como consecuencia de estas acciones, varios abogados se vieron obligados a exiliarse entre 2002 y 2010 para proteger sus vidas y las de sus familias.
La CIDH ordenó al Estado llevar a cabo una serie de medidas de reparación, incluida la investigación de los hechos que violaron los derechos de los integrantes del Cajar. Esto incluye impulsar, dirigir, continuar y concluir las investigaciones en un plazo razonable y con debida diligencia. Asimismo, se ordenó proporcionar tratamiento psicológico, psiquiátrico y/o psicosocial a las víctimas que lo soliciten.
Además de las medidas de reparación, instruyó a diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos sobre casos de violencia contra defensores de derechos humanos, así como un plan de capacitación para las autoridades encargadas de actividades de inteligencia.
