Crisis de seguridad en medio del estado de excepción, Diana Carnero, concejala asesinada en Ecuador
Escrito por Tania Xiomara Chala Lopez - 02/09/2024
La muerte de Diana Carnero, ocurrida en un contexto de estado de excepción, plantea preguntas sobre la eficacia de las medidas de seguridad en Ecuador
El municipio costero de Naranjal, en Ecuador, se sume en luto tras el brutal asesinato de la concejala Diana Carnero, de 29 años, quien fue acribillada por sicarios en plena vía pública este miércoles. El crimen, ocurrido en el sector de Corona 2, ha sacudido a la comunidad, especialmente en un momento en que el país se encuentra bajo estado de excepción y un «conflicto armado interno» contra el crimen organizado.
Diana Carnero, miembro del movimiento Revolución Ciudadana liderado por el expresidente Rafael Correa, fue trasladada de urgencia a un centro de salud en Naranjal después del ataque, pero lamentablemente sucumbió a las graves heridas. La noticia del asesinato ha generado una ola de indignación y pesar entre sus compañeros políticos y la sociedad en general.
La presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, expresó su profundo dolor por la pérdida de Carnero y envió sus condolencias a la familia de la concejala a través de las redes sociales. La cantautora Marisol Bowen, correligionaria de Carnero, también lamentó el crimen, cuestionando la seguridad y la lucha contra el crimen en el país, especialmente en medio del estado de excepción.
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La activista en derechos humanos Jhajaira Urresta exigió que el Estado asuma su responsabilidad en garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, señalando la necesidad de una verdadera protección ante estos actos violentos. El asesinato de Diana Carnero se suma a una lista creciente de autoridades que han sido blanco de sicarios en Ecuador en los últimos meses, incluyendo fiscales, jueces y políticos. El presidente Daniel Noboa declaró un estado de excepción y un «conflicto armado interno» a principios de año en un intento de frenar la escalada de violencia atribuida a grupos del crimen organizado.
La decisión del gobierno surge en respuesta a una espiral de violencia tanto en las cárceles como en las calles del país, que ha dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias. Ecuador se ha visto afectado por una creciente ola de violencia, con una tasa de 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2023, lo que lo convierte en uno de los países más violentos de la región.
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