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Declaran emergencia carcelaria en todo el país

Escrito por - 02/13/2024

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La declaración de una nueva emergencia responde al alarmante aumento de homicidios y amenazas contra el personal penitenciario.

En los últimos siete años, al menos nueve dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) han sido asesinados anualmente, según la Defensoría del Pueblo, con un total de 63 homicidios registrados hasta el 5 de febrero pasado. La más reciente víctima fue el dragoneante Jesús Cárdenas, asesinado el 10 de febrero a las afueras de la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena.

Las autoridades, frente a esta escalada de violencia, han iniciado diversas investigaciones para dar con los responsables, mayormente vinculados a bandas criminales. Ante esta situación, el Gobierno de Colombia declaró el 12 de febrero una emergencia carcelaria a nivel nacional, siendo la cuarta vez que se toma esta medida, la primera por hacinamiento en 2013, la segunda en 2016 tras la liquidación de Caprecom, y la tercera en 2020 debido a la pandemia de COVID-19.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que la declaración de emergencia permitirá traslados presupuestales, contratación directa de recursos y un refuerzo en la vigilancia de los centros penitenciarios. También se contempla la posibilidad de suspender o reemplazar al personal carcelario para garantizar su seguridad, así como regular las visitas presenciales en las cárceles.

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Según estadísticas del Inpec, en lo que va del 2024 se han registrado dos muertes, 5 atentados y 10 amenazas directas contra el personal penitenciario. Estos preocupantes datos llevaron a la declaración de la emergencia carcelaria, respaldada por la guardiana Marcela Lopera, miembro de la junta directiva de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, quien destacó la necesidad de medidas urgentes y celebró la declaratoria.

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El ministro Osuna atribuyó el aumento de la violencia a la intensificación de operativos contra estructuras criminales, como la operación Dominó, que ha afectado a la criminalidad, especialmente la relacionada con la estructura “la Inmaculada”.

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Como parte de las acciones ante esta situación, se designará a un fiscal específico para investigar los homicidios contra los guardianes del Inpec y otro fiscal para casos de extorsión carcelaria y corrupción. La emergencia también busca combatir el incremento del 41% en casos de extorsión, permitiendo destinar más recursos para inhibidores de señal.

La declaratoria de emergencia carcelaria ha generado expectativas y también plantea la necesidad de replantear estrategias a largo plazo. Juan David Posada, director del Semillero Penitenciario y de DD. HH. de la Universidad de Antioquia, sugiere analizar experiencias de otros países latinoamericanos, como Ecuador y Argentina, para buscar soluciones efectivas en el control de la violencia y la extorsión en las cárceles.


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