Declaran emergencia carcelaria en todo el país

La declaración de una nueva emergencia responde al alarmante aumento de homicidios y amenazas contra el personal penitenciario.

En los últimos siete años, al menos nueve dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) han sido asesinados anualmente, según la Defensoría del Pueblo, con un total de 63 homicidios registrados hasta el 5 de febrero pasado. La más reciente víctima fue el dragoneante Jesús Cárdenas, asesinado el 10 de febrero a las afueras de la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena.

Las autoridades, frente a esta escalada de violencia, han iniciado diversas investigaciones para dar con los responsables, mayormente vinculados a bandas criminales. Ante esta situación, el Gobierno de Colombia declaró el 12 de febrero una emergencia carcelaria a nivel nacional, siendo la cuarta vez que se toma esta medida, la primera por hacinamiento en 2013, la segunda en 2016 tras la liquidación de Caprecom, y la tercera en 2020 debido a la pandemia de COVID-19.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que la declaración de emergencia permitirá traslados presupuestales, contratación directa de recursos y un refuerzo en la vigilancia de los centros penitenciarios. También se contempla la posibilidad de suspender o reemplazar al personal carcelario para garantizar su seguridad, así como regular las visitas presenciales en las cárceles.

Según estadísticas del Inpec, en lo que va del 2024 se han registrado dos muertes, 5 atentados y 10 amenazas directas contra el personal penitenciario. Estos preocupantes datos llevaron a la declaración de la emergencia carcelaria, respaldada por la guardiana Marcela Lopera, miembro de la junta directiva de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, quien destacó la necesidad de medidas urgentes y celebró la declaratoria.

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El ministro Osuna atribuyó el aumento de la violencia a la intensificación de operativos contra estructuras criminales, como la operación Dominó, que ha afectado a la criminalidad, especialmente la relacionada con la estructura “la Inmaculada”.

Como parte de las acciones ante esta situación, se designará a un fiscal específico para investigar los homicidios contra los guardianes del Inpec y otro fiscal para casos de extorsión carcelaria y corrupción. La emergencia también busca combatir el incremento del 41% en casos de extorsión, permitiendo destinar más recursos para inhibidores de señal.

La declaratoria de emergencia carcelaria ha generado expectativas y también plantea la necesidad de replantear estrategias a largo plazo. Juan David Posada, director del Semillero Penitenciario y de DD. HH. de la Universidad de Antioquia, sugiere analizar experiencias de otros países latinoamericanos, como Ecuador y Argentina, para buscar soluciones efectivas en el control de la violencia y la extorsión en las cárceles.