EE.UU. condena a implicados en crimen de Moïse en Haití

Condenan en EE.UU. a cuatro implicados por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse

Un jurado federal en Miami, Estados Unidos, declaró culpables a cuatro hombres señalados de participar en la conspiración para secuestrar y asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, crimen ocurrido el 7 de julio de 2021 en Puerto Príncipe.

Los condenados son Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages, quienes enfrentan ahora posibles cadenas perpetuas tras el fallo emitido por un panel de 12 jurados luego de 39 días de juicio en un tribunal federal de Miami.

Con esta decisión judicial, ya son nueve las personas condenadas en Estados Unidos por el magnicidio del mandatario haitiano, perpetrado por un grupo de mercenarios entre los que figuraban 17 exmilitares colombianos.

Planificación desde Florida

De acuerdo con la acusación, los implicados organizaron desde el sur de Florida la operación para derrocar a Moïse y reemplazarlo por el médico haitiano Christian Sanon, quien posteriormente otorgaría contratos a empresas vinculadas con algunos de los conspiradores.

Las investigaciones señalan que entre febrero y julio de 2021 el sur de Florida funcionó como centro de planificación y financiamiento del complot. James Solages habría servido como enlace en Haití, mientras que Walter Veintemilla presuntamente financió parte de la operación a través de su compañía Worldwide Investment Development Group.

El juicio estuvo bajo la supervisión de la jueza federal Jacqueline Becerra. Según documentos judiciales, la operación inicialmente fue presentada a los mercenarios colombianos como una misión de captura legal respaldada por agencias estadounidenses. Sin embargo, el plan terminó convirtiéndose en el asesinato del mandatario tras fracasar los intentos de arresto.

Crisis política y humanitaria

El asesinato de Moïse desencadenó una profunda crisis política y de seguridad en Haití. La ausencia de liderazgo institucional facilitó el fortalecimiento de bandas armadas y agravó la emergencia humanitaria en el país caribeño.

Más de 50 personas han sido acusadas en Haití por el magnicidio, incluida la viuda del mandatario, aunque el proceso judicial en ese país continúa prácticamente paralizado debido a la violencia y la inestabilidad.

La crisis también provocó una fuerte ola migratoria hacia otros países, especialmente hacia Estados Unidos, donde miles de haitianos dependen actualmente del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación.