Gobernación tendrá que indemnizar a estudiantes víctimas de abuso sexual

Ante la condena emitida por el juzgado, la gobernación del Huila apeló la decisión.

Durante los años 2015 y 2016 varias menores de la Institución Educativa Gallego, Sede San Rafael, ubicada en el municipio de La Plata, fueron sometidas a actos sexuales abusivos por parte del docente John Ferney Molina Cuéllar, capturado y actualmente procesado por esas conductas.

Hechos que fueron denunciados por una de las menores en el año 2018, y luego los padres lo hicieron de manera oficial ante el rector de la institución, y ante la Fiscalía General de la Nación. En la denuncia también reclamaron una reparación económica por los daños morales y perjuicios ocasionados.

“La niña me contó que el profesor continuamente la tocaba (…) en una ocasión la mandó a sacar una fotocopia a la sala de informática y al entrar, él entró detrás y cerró la puerta y le hizo bajar su ropa interior y le tocó sus partes íntimas”, reveló una madre de familia.

Sin haberse fallado la conducta penal investigada, la juez Séptima Administrativa de Neiva declaró la responsabilidad de la Gobernación del Huila por la conducta del docente, perteneciente a la nómina de la Secretaría de Educación. Tendrá que cancelar una fuerte indemnización económica a las víctimas.

Por su parte, frente a la condena la gobernación argumentó que los hechos expuestos en la demanda aún son materia de investigación, sin que a la fecha se cuente con sentencia en firme en contra del docente al que se le atribuye la comisión de la conducta punible y, por lo tanto, opera la presunción de inocencia.

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Adicionalmente, explicaron que en el momento en que el docente sea plenamente condenado, la entidad no puede responder por conductas eminentemente personales y producto de un comportamiento delictivo que no es fácil descubrir ni prevenir, y más cuando la entidad no ha sido negligente.

En lo que tiene que ver con el caso del docente investigado, el pasado 20 de marzo de 2019 emitieron una orden de captura en su contra. Al cumplirse la diligencia, el despacho judicial le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento penitenciario.

La Secretaría de Educación del Huila adelantó las investigaciones respectivas con ocasión al informe del rector de la Institución. El expediente fue remitido por competencia a la Procuraduría Regional del Huila para continuar con la etapa de juzgamiento y luego a su similar del Tolima.

Por tal razón, la gobernación solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia que fue proferido sin estar plenamente determinado la existencia del hecho en que se soporta el daño. El recurso de apelación fue admitido. El Tribunal Administrativo del Huila tendrá la última palabra.