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Gobierno Nacional autorizó entrega de recompensas por denunciar compra de votos

Escrito por - 10/24/2023

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El Estado busca combatir el delito electoral de compra de votos.

En la víspera de las elecciones programadas para el 29 de octubre en Colombia, el Gobierno Nacional ha intensificado sus esfuerzos para combatir uno de los delitos electorales más prevalentes en el país: la compra y venta de votos. Según el Ministerio del Interior, aquellos que prometan o reciban dinero o bienes a cambio de votos pueden enfrentar condenas de 4 a 7,5 años de prisión.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, anunció el lunes pasado que el Ejecutivo está considerando una medida innovadora para disuadir esta práctica ilícita. En una rueda de prensa a seis días de las elecciones, Velasco reveló que se están evaluando recompensas económicas para aquellos ciudadanos que denuncien a individuos involucrados en la compra de votos.

«Estamos pensando seriamente que si la respuesta del estudio que nos está haciendo la Comisión Democracia del Ministerio del Interior nos señala que es posible, anunciaremos incentivos económicos a las personas que nos ayuden a identificar quién compra votos», expresó el ministro.

Añadió que la propuesta tiene como objetivo proporcionar a los ciudadanos un canal efectivo para reportar tales incidentes y recibir una retribución económica significativa.

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El Gobierno Nacional considera que esta medida no solo contribuirá a disuadir la compra de votos, sino que también fortalecerá la integridad del proceso electoral al involucrar a la ciudadanía en la vigilancia activa contra este delito, por tal razón Gustavo Petro la autorizó. Subrayó la importancia de señalar las ubicaciones de las estructuras involucradas en la compra de votos, prometiendo recompensas económicas aún más sustanciales para quienes proporcionen información crucial.

El Ministerio del Interior reiteró la necesidad de una campaña enérgica en contra de la compra de votos de cara a las próximas elecciones. Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso democrático en el país.

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El Gobierno espera que estas medidas, combinadas con la colaboración activa de la ciudadanía, marquen un hito en la lucha contra el delito electoral de compra de votos y sienten un precedente para futuros procesos electorales en Colombia.


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