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Gobierno Nacional reanuda operaciones contra Iván Mordisco

Escrito por - 03/18/2024

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Reinician operaciones militares contra la disidencia, por realizar acciones violentas contra las comunidades.

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, han firmado el Decreto 0385 el pasado 17 de marzo, ordenando la suspensión del Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con la disidencia de “Iván Mordisco”, una facción derivada de las extintas FARC.

Esta decisión surge como respuesta a un reciente ataque atribuido al autodenominado Estado Mayor Central (EMC), liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”. El gobierno argumenta que este grupo subversivo ha incumplido los acuerdos fundamentales del cese al fuego, atacando a la población civil, autoridades civiles y miembros de la Fuerza Pública, lo que evidencia una falta de voluntad de paz.

Los ataques perpetrados por las estructuras, especialmente en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, han generado una situación de amenaza para la población civil, incluyendo a líderes y organizaciones sociales que se han opuesto a sus acciones violentas.

El incidente más reciente ocurrió en el territorio indígena Nasa en Toribío, Cauca, donde se denunció el secuestro de un menor de edad por parte del Bloque Occidental de la disidencia. La respuesta de la comunidad ante esta acción resultó en disparos indiscriminados que dejaron dos personas gravemente heridas y una víctima fatal, la indígena Yule Paví, de 62 años.

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Ante estos hechos, las Naciones Unidas han condenado el atentado, instando a los grupos armados a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población, así como la autonomía de los pueblos indígenas.

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El gobierno colombiano, que anteriormente había acordado mantener el cese al fuego hasta el 15 de julio de este año, ha decidido reanudar las operaciones militares y ofensivas el 20 de marzo, enfocándose principalmente en desmantelar las estructuras del EMC en los departamentos afectados.

Este cambio en la política de cese al fuego refleja la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta del Estado ante las acciones violentas de los grupos armados, mientras se busca proteger los derechos y la seguridad de la población colombiana.

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