21 familias en riesgo de perder sus viviendas en el barrio La Libertad

Desde que una acción legal desencadenara una orden de desalojo, estas familias se encuentran en una carrera contrarreloj por encontrar una salida, mientras el tiempo corre y las autoridades parecen no tener respuestas concretas

Tras más de cinco décadas de residencia en el barrio La Libertad de Neiva, la tranquilidad de 21 familias se ve amenazada por la posibilidad inminente de perder sus hogares. La causa de esta incertidumbre se remonta a una Acción Popular presentada por Amparo Cabrera Soto, residente de la Carrera 20 con Calle 16, luego de que la Administración Municipal se negara en 2016 a construir un muro de contención para proteger sus viviendas de las inundaciones potenciales de la quebrada La Toma, situada a menos de 30 metros de distancia.

Desde entonces, el conflicto ha tomado diversos giros, involucrando a autoridades ambientales y judiciales. Recientemente, un fallo ordenó el desalojo de las 21 familias y la reubicación de los afectados, con plazo límite para el 10 de julio del presente año. Sin embargo, a escasos cinco meses de vencer esta fecha, no se vislumbra una solución concreta para estas familias.

El concejal de Neiva, Miller Osorio, señaló que la Acción Popular surgió tras recurrentes inundaciones en la propiedad de Amparo Cabrera, respaldada por sus vecinos. Sin embargo, lamentó que el enfoque se haya centrado únicamente en estas familias, cuando otras viviendas a lo largo de la quebrada La Toma también se encuentran dentro del perímetro de protección ambiental.

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Los afectados expresaron su preocupación por la falta de soluciones concretas. Doris Perdomo compartió su angustia por el constante temor al desalojo desde 2022, mientras que Mercedes Criollo defendió la legalidad de su residencia en el barrio La Libertad y destacó la ausencia de inundaciones en su experiencia, por otro lado, Rubén Díaz y Jhon Jairo Fierro, comparten su perspectiva por la incertidumbre y rechazan propuestas de reubicación y compensación económica.

El municipio de Neiva intentó resolver la situación adquiriendo propiedades para desviar la canalización y evitar el desalojo, pero estas medidas no se concretaron. Funcionarios clave como Andrés Felipe Vargas Buitrago, secretario de Medio Ambiente, y Amelia Monroy Ortega, directora de Gestión del Riesgo, están involucrados en el seguimiento del caso, aunque la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público han ofrecido poca contribución.

La personería municipal, representada por Wilson Díaz Sterling, subrayó la necesidad de cumplir con el fallo judicial y generar un plan de vivienda para las familias afectadas, mientras la fecha límite se acerca inexorablemente. Amparo Cabrera Soto, quien desencadenó este proceso, fue reubicada anteriormente, pero regresó al lugar original, generando mayor incertidumbre entre los residentes.