Alcaldes de Neiva y Tello sancionados por desatender una orden judicial
Escrito por Daniela Perdomo Reyes - 09/07/2023
Sanciones por falta de medidas ante amenazas naturales en corregimientos de Neiva y Tello.
El Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva ha impuesto sanciones a los alcaldes de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, y de Tello, José Manuel Córdoba Trujillo, así como al secretario de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera Rivera, debido al evidente incumplimiento de las acciones destinadas a enfrentar riesgos y amenazas naturales en los corregimientos de Vegalarga y Anacleto García.
El proceso de desacato se inició el 14 de julio de 2023, tras comprobar la falta de ejecución del pacto de cumplimiento, inicialmente aprobado el 25 de abril de 2017 y modificado el 23 de septiembre de 2019. En ese mismo año, el alcalde de entonces, Rodrigo Lara Sánchez, también fue sancionado por un incumplimiento similar.
Durante la última audiencia de verificación realizada el 23 de junio de 2023, el juzgado constató el total incumplimiento del cronograma de acciones para mitigar riesgos de movimientos de remoción en masa y avenidas torrenciales del río Fortalecillas y la quebrada El Candado.
La juez, Lina Marcela Cleves Roa, destacó la «desidia y desinterés» de los funcionarios públicos para ejecutar el plan de acción acordado entre las partes, que nunca se cumplió, a pesar de doce mesas técnicas y diez audiencias de verificación.
La multa impuesta es de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes (la mitad del tope establecido) para cada uno de los sancionados, pagaderos de sus propios recursos, con posibilidad de ser conmutada por arresto de hasta seis meses. Esto, sin perjuicio de las sanciones penales y disciplinarias que puedan aplicarse.
El pacto de cumplimiento inicial contemplaba inversiones calculadas en 25.938 millones de pesos, una cifra que se ha incrementado cinco veces.
Cabe resaltar que los demás miembros del gabinete involucrados en la ejecución del plan de acción han sido advertidos.
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El acuerdo original incluía acciones como el reasentamiento parcial de viviendas en alto riesgo, la construcción de una nueva sede educativa, reubicación de centro de salud, obras de mitigación, mejoramiento de vías y otros servicios públicos, así como la operación del sistema de alertas tempranas. Sin embargo, gran parte de estas acciones no se llevaron a cabo.
La reubicación del colegio “Roberto Durán Alvira” fue una de las medidas prioritarias dictadas por la acción popular, dada la ubicación de la sede central en una zona de alto riesgo. Aunque el proyecto tenía un costo inicial de 3.500 millones de pesos, el secretario de Educación, Levid Bermeo, confirmó que la sede central está cerrada y los estudiantes fueron reubicados en una sede alternativa.
En cuanto a la construcción de la nueva sede, Bermeo señaló que no hay recursos suficientes para llevar a cabo la reubicación y que los lotes ofrecidos también están en zona de alto riesgo.
La falta de avances en aspectos como la compra de predios, obras de mitigación y construcción de viviendas es evidente, a pesar de los plazos establecidos.
Además, la juez destaca que los estudios de amenazas, vulnerabilidad y riesgo fueron utilizados solo para la compra del predio y la construcción de viviendas, pero no se avanzó en otros aspectos importantes como la compra de predios, obras de mitigación y construcción de viviendas.
