Alerta por reclutamiento de menores en Colombia

El ministerio público identifica los territorios más afectados por el reclutamiento forzado de menores.

En un preocupante informe, la Procuraduría General de la Nación ha alertado sobre el crecimiento de casos de reclutamiento de menores de edad por parte de estructuras armadas en lo que va del año. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también ha reportado que ha brindado atención a niños liberados por estos grupos criminales.

La alerta fue emitida después de una visita al departamento de Caquetá, donde la Procuraduría confirmó la grave situación de riesgo que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en varios de sus municipios.

Los datos del Boletín Estadístico de la Dirección de Protección del ICBF respaldan esta alerta, con la desvinculación de 134 menores en 11 departamentos de Caquetá, incluyendo Florencia, San Vicente, Puerto Rico, Solano y Solita.

Viviana Mora, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, adolescencia, mujer y familia, destacó que estas cifras coinciden con las alertas de la Defensoría del Pueblo, situando al Caquetá entre los 20 departamentos más afectados por esta problemática.

Según el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, los departamentos con mayor riesgo de reclutamiento son Quindío, Santander, Antioquia, Bolívar, Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Vaupés, Meta, Valle del Cauca, Caquetá, Cauca, Córdoba, Nariño, Sucre, Tolima, Guaviare, Vichada, Guainía y Norte de Santander.

La Procuraduría señala que, desde 1999 hasta el 9 de octubre de 2023, un total de 7.455 menores de edad han ingresado al programa de atención especializada por haber sido liberados por grupos armados. Esta cifra podría ser aún mayor si no existiera el temor a denunciar y los fenómenos de desplazamiento.

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Ante esta situación alarmante, la Procuraduría insta al presidente Gustavo Petro a tomar medidas para proteger a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración frente a los actos de los grupos criminales. También hace un llamado a trabajar en políticas de prevención del reclutamiento.

La entidad de control hace hincapié en la urgencia de implementar la política pública de prevención de reclutamiento y contar con bases de datos que permitan la identificación de todos los menores de edad reclutados, desvinculados e ingresados a programas del ICBF. Esto facilitaría la implementación de acciones eficientes para la prevención temprana y la protección.

Viviana Mora, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, adolescencia, familia y mujer, también hace un llamado al Gobierno para aumentar el apoyo a la fuerza pública y garantizar entornos seguros en instituciones educativas y en los hogares colombianos, especialmente en los territorios más afectados. Además, destaca la importancia de contar con sistemas de información unificados sobre reporte de casos para llevar a cabo acciones de prevención y protección eficaces.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, se une al llamado, enfatizando la necesidad de fortalecer recursos financieros y de personal, así como la respuesta institucional, capacitación, equipos tecnológicos y funcionarios competentes. También destaca la promoción de la oferta social y educativa como medida preventiva contra estos hechos alarmantes.