Con Proyecto de Ley buscan regular la prostitución como un trabajo en Colombia
Escrito por Daniela Perdomo Reyes - 10/17/2023
Colombia iniciará debate para la regulación del trabajo sexual con un proyecto de ley que define derechos y contratos para quienes lo ejercen.
Se presentó un proyecto de ley en el Congreso de la República con el fin de regular el trabajo sexual en el país. Esta iniciativa, propuesta por la bancada de los Comunes, tiene como objetivo establecer el reconocimiento de esta actividad como un empleo válido, lo que conlleva una serie de derechos laborales, seguridad social y pautas para quienes se dedican a la prostitución, así como para sus clientes.
Históricamente, el Congreso ha evitado abordar este tema delicado, que ha dividido opiniones entre aquellos que abogan por su regulación y quienes piden su abolición. En ambos lados del debate se presentan argumentos fundamentados en los derechos humanos.
El evento de radicación del proyecto no estuvo exento de controversia. Miembros de la Asociación Sindical de Trabajadores Sexuales (Astrasex), el primer sindicato que engloba todas las modalidades del trabajo sexual en Colombia, se vieron enfrentados a dificultades al intentar ingresar al Congreso, donde se encontraron con un cartel que rezaba «Estamos putas». La congresista Sandra Ramírez, una de las autoras del proyecto, tuvo que mediar para resolver la situación.
La iniciativa legislativa define el trabajo sexual como «cualquier actividad sexual remunerada que se realiza entre dos o más personas mayores de 18 años, de forma voluntaria, libre y sin coerción y en plena facultad de sus capacidades». Esta definición excluye los delitos de explotación sexual, como la inducción a la prostitución, el turismo sexual, la pornografía con menores y la trata de personas.
Además, se plantea que los clientes del trabajo sexual son personas mayores de edad que pagan por los servicios sexuales, subrayando la importancia del consentimiento, que puede ser retirado en cualquier momento.
Las modalidades del trabajo sexual que propone el proyecto de ley incluyen el trabajo en espacios públicos, modelaje webcam, creación de contenido, pornografía, intercambio de servicios sexuales dentro de establecimientos comerciales, servicios de acompañantes y baile erótico.
El eje central de esta iniciativa es el establecimiento de contratos laborales para quienes ejercen el trabajo sexual. Se asegura que estas personas tendrán derecho a un contrato a término indefinido con todas las prestaciones y obligaciones de ley. Esto implica que tendrían los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador en el país, lo que incluye derechos a la seguridad social, una remuneración justa y un ambiente laboral seguro y saludable.
En cuanto a los planes de salud, se propone que el Ministerio de Salud, en colaboración con las organizaciones de trabajadores sexuales, sea responsable de diseñar y regular los requisitos específicos de salud mental y física, así como los riesgos laborales.
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El proyecto de ley también aborda la regulación de los establecimientos donde se ejerce el trabajo sexual, como clubes, centros de entretenimiento y burdeles, asegurando sus derechos a la propiedad y gestión de sus negocios, pero imponiendo una serie de deberes para garantizar la dignidad y seguridad de quienes trabajan allí.
Este proyecto de ley, elaborado en consulta con diversas organizaciones de trabajadores sexuales, se alinea con la disposición de la Corte Constitucional de considerar la prostitución como trabajo sexual, exhortando al Ministerio de Trabajo a regularlo como tal.
Sin embargo, la postura abolicionista de la prostitución plantea argumentos contrarios. María Fernanda Arboleda, de la organización Petra Mujeres Valientes, ha explicado que una propuesta regulacionista es cuestionable, argumentando que las personas en prostitución no tienen garantizados sus derechos humanos ni sus proyectos de vida para tomar decisiones conscientes.
El proyecto de ley para regular el trabajo sexual en Colombia promete un intenso debate en el Congreso, donde se enfrentarán las posturas a favor de la regulación y la abolición, cada una con fundamentos sólidos en derechos humanos y autonomía individual.
