Condenan a Exalcalde de Altamira por Irregularidades
Escrito por Diego Andrés Marínez Polanía - 07/03/2024
Amín Losada Losada, exalcalde de Altamira, y José Octavio Narváez Tovar, extesorero municipal, han sido condenados a 8 años y 1 mes de prisión.

El Tribunal Superior de Neiva ha condenado a Amín Losada Losada, exalcalde de Altamira (Huila), a 8 años y 1 mes de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. José Octavio Narváez Tovar, extesorero municipal, recibió la misma condena. Ambos deberán pagar una multa de 124.995 salarios mínimos legales mensuales vigentes y tienen prohibido ejercer cargos públicos por 9 años.
La condena llega tras una investigación que reveló irregularidades en varios contratos relacionados con la celebración del Día del Niño en 2008. A pesar de haber sido absueltos en primera instancia por un juzgado del circuito de Garzón (Huila) el 27 de marzo de 2020, el Tribunal Superior de Neiva encontró suficientes pruebas para condenarlos.
La Investigación
Los hechos ocurrieron el 28 de octubre de 2008, cuando el entonces mandatario de Altamira autorizó a su tesorero a destinar 3.200.000 pesos para celebrar el Día del Niño y unas vacaciones recreativas, programadas para el 31 del mismo mes. El dinero se distribuyó entre seis contratistas en diferentes partidas.
La investigación realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) demostró que durante el proceso contractual se aparentó un trámite legal en la celebración y liquidación de los contratos. Sin embargo, estos se realizaron de manera verbal y no por escrito, violando los principios que rigen la contratación estatal.
Debido a estas irregularidades, no se conocieron detalles fundamentales del evento, como su lugar, características, objeto, forma de pago, lugar de ejecución y estudios previos. Esto afectó el principio de planeación. Además, no se realizó una invitación pública, privando a otras personas de la oportunidad de participar y vulnerando el principio de transparencia.
Otra irregularidad fue la inexistencia de actas de liquidación que confirmaran la culminación efectiva del objeto del contrato, lo que vulneró el principio de responsabilidad.
La condena del Tribunal Superior de Neiva pone fin a este caso de corrupción, resaltando la importancia de la transparencia y la legalidad en la contratación pública.

