El Estado fracasó en la protección de líderes sociales: Corte Constitucional

La sentencia destaca la incompatibilidad entre la magnitud de las violaciones a sus derechos y la capacidad institucional para salvaguardarlos.

La Corte Constitucional de Colombia ha emitido una decisión trascendental al declarar el Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) debido a la sistemática falta de protección a líderes y lideresas sociales en el país. La sentencia, derivada de la revisión de 20 tutelas presentadas por defensores de derechos humanos de todo el territorio nacional, señala la grave violación persistente y generalizada de los derechos fundamentales de esta población.

Según la Corte, la falta de concordancia entre la magnitud de las violaciones sufridas por los líderes, lideresas sociales y la capacidad institucional y presupuestal para garantizar su seguridad hace incompatible la situación con la Constitución. La Sala Plena de la Corte Constitucional fundamentó su decisión en la importancia fundamental de los defensores de derechos humanos en la sociedad colombiana, destacando su papel en la identificación y denuncia de violaciones, así como su contribución a la elaboración de políticas públicas.

La sentencia también enfatiza que la persecución y asesinato de líderes y lideresas sociales no solo atentan contra sus derechos individuales, sino que afectan a las comunidades que representan y a sus familias. La Corte considera que la protección de estos líderes es una obligación ineludible del Estado y exige medidas no solo reactivas, sino preventivas para salvaguardar sus vidas y permitir el desarrollo de sus planes de vida.

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A pesar de los mecanismos y políticas públicas existentes, la Corte identificó un incumplimiento significativo en la implementación de medidas de protección, especialmente en el marco del Acuerdo Final para la Paz. La decisión insta al Estado colombiano, las autoridades de todos los niveles y la ciudadanía a tomar acciones inmediatas para detener la situación actual. La Corte subraya que la indolencia, el silencio o la negligencia no son aceptables bajo la constitución vigente en Colombia.

En un llamado claro a la acción, la Sala Plena destaca que la protección de líderes y lideresas sociales es un compromiso indeclinable y definitivo. Además, la Corte Constitucional busca establecer no solo criterios sustantivos para la actuación de las autoridades, sino también mecanismos que eviten la inercia y fomenten una acción coordinada, con participación activa de organizaciones sociales y expertos en la configuración de políticas públicas. La decisión de la Corte Constitucional plantea un desafío urgente para abordar la crisis de seguridad que enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia.