Fiscalía pide proteger ejercicio periodístico

La defensa de la libertad de prensa toma un nuevo rumbo, brindando protección a periodistas y reafirmando su papel crucial en la sociedad.

«La libertad de pensamiento y de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección».

La Directiva 003 firmada por el fiscal general, Francisco Barbosa, marca un hito en la defensa de la libertad de prensa en el país. En este documento sin precedentes, se establecen lineamientos claros en relación al secreto profesional de los periodistas en el contexto de investigaciones penales.

Uno de los puntos fundamentales de la directiva es la prohibición constitucional de exigir a los periodistas que rindan entrevistas o testimonios relacionados con información proporcionada por sus fuentes. Esto se fundamenta en la garantía constitucional del ejercicio de la libertad de prensa, reconocida en la Constitución Política del país.

Sin embargo, la Directiva también establece que es posible citar a periodistas como testigos en determinadas circunstancias, pero con restricciones estrictas y respetando los límites constitucionales. De esta manera, se busca equilibrar el ejercicio de la justicia y la protección de los derechos de los periodistas.

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En este sentido, la Directiva 003 se basa en lo estipulado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas sin limitaciones geográficas y a través de diversos medios.

Esta medida representa un avance significativo en la protección de la libertad de prensa en el país, ya que reconoce y respalda el papel fundamental de los periodistas como garantes de la información veraz y de interés público. Al salvaguardar el secreto profesional de los periodistas, se fortalece la confianza en el ejercicio del periodismo y se fomenta un ambiente propicio para la libre expresión y el derecho a la información de la sociedad.

Se espera que esta medida tenga un impacto positivo en el ejercicio del periodismo y contribuya al fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en el país.