La Decadencia del Consejo Nacional Electoral – CNE

Por: Alfonso Vélez Jaramillo

El Consejo Nacional Electoral, CNE, que últimamente está dando tumbos en sus procesos sin hacer estudios serios y garantes, sigue hiriendo de muerte la democracia colombiana que debe soportarse en unas elecciones respetables.

Con fallos presuntamente habilidosos, amañados, compuestos, bien arreglados y peligrosos a la luz de La Constitución Política, la Ley y el principio democrático, sus resoluciones nunca serán sentencia de pleno derecho.

Ni gozarán de la legitimación ciudadana, la gente generaliza y pide la reforma a la justicia, en cambio el CNE visibiliza como ha manejado de mal este país la dirigencia política en los últimos 50 años, llevándose de plano la imagen de la administración de justicia.

Es claro que el CNE hoy día es manejado por políticos al servicio de los partidos con asiento en esa corporación, pese a que fue creado de buena fe hace más de un siglo para garantizar y salvaguardar la democracia colombiana.

El CNE ha cambiado tres veces de nombre, y en su ocaso va visibilizando la cruda y alicaída realidad del ejercicio de la política en Colombia.

Se vaticina su desaparición reflejando la decadencia de los partidos políticos que se quedaron con sus principios en los anaqueles y con sus dirigentes deambulando entre los demás movimientos y agencias políticas.

Como es posible que en un hecho claro y grafico del régimen de inhabilidades, confunden a propósito las solicitudes de revocatoria y se desmontan de analizar los casos con el debido rigor jurídico, como debe ser.

Según el expediente radicado CNE-E-DG-2023-035500, se pasaron sin vergüenza, la causal invocada del numeral 9 del artículo 111 de la Ley 2200 del estatuto departamental, sobre las inhabilidades para inscribirse como candidato a la gobernación Rodrigo Armando Lara Sánchez.

Ejemplo, sucedió con Víctor Andrés Tovar, a quien el CNE comunicó que no estaba inhabilitado y luego el Consejo de Estado, Comisión Quinta, declaró la nulidad de su elección, por infringir la norma constitucional que regulariza el régimen de inhabilidad para ser elegido.

Con esta decisión demostraron que no es una institución respetable y ha sido convertida en un premio de consolación o en un nido de candidatos al congreso quemados que van por el sueldo de magistrados, en detrimento del respeto por la democracia, las libertades y la igualdad de los candidatos.

Las elecciones serias demuestran la fortaleza de una democracia a través de un sistema electoral fuerte y majestuoso.

Repito: la Ley 2200 de febrero de 2022, prescribe la inhabilidad de manera taxativa y concreta, en su ARTÍCULO 111. las Inhabilidades de los Gobernadores. “No podrá ser inscrito como candidato, elegido o designado como gobernador:

Numeral 9º, Quien, haya celebrado en los 12 meses anteriores a la elección de la candidatura, en su interés particular (recibe 30 millones cada mes) por sí o por interpuesta persona o en representación de otro, contrato alguno con el respectivo departamento, con sus entidades públicas o privadas que manejen o administren recursos públicos provenientes del mismo…”, (El subrayado es mío)

Es más concreto el PARÁGRAFO. “Interprétese para todos sus efectos, que las inhabilidades descritas en el presente Artículo se refieren al departamento como entidad pública y sus institutos o entidades descentralizadas, que funcionan en el respectivo territorio o ejercen competencias que involucran al respectivo ente territorial”.

Bajo este tenor, el Hospital Universitario de Neiva es una entidad descentralizada de la gobernación, por tanto, es claro, Lara está inhabilitado para ser candidato, es muy fácil entenderlo, cualquier persona puede corroborar lo que en esta columna estoy exponiendo., por cuya razón no se entiende como el CNE tergiversa la situación planteada.

Los 30 millones que recibe Lara cada mes del (hospital o) Departamento, le crea este año la inhabilidad constitucional y legal, entre otras, cuyo objetivo primordial es lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos, sin importar la profesión u oficio, de acuerdo con la Corte Suprema

Ahora, De los nueve integrantes del CNE, tres fueron congresistas hasta el periodo anterior, y pelearon por ese cargo como un escampadero, que, en su lugar, deber servir para enaltecer el país y su democracia y no premios de consolación.

HISTORICO

El CNE Fue creado la ley 7ª a finales del siglo 19, como primer organismo electoral y se llamó Gran Consejo Electoral, compuesto por delegados del Senado, la Cámara y del presidente de la República, y no de los partidos políticos, como se hace hoy día.

En 1948, la ley 89, creó la primera Corte Electoral integrada por Alfonso López Pumarejo, expresidente de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Hinestroza Daza y Eleuterio Serna, el rector de la Universidad Nacional Luís López de Mesa y el Gerente del Banco de la República Luís Ángel Arango.

Luego ingresaron los expresidentes, Alberto Lleras Camargo, Mariano Ospina Pérez y Roberto Urdaneta Arbeláez, además de dos Magistrados liberales y dos Magistrados conservadores, que histórica importancia tenía.

Sin embargo, el nombre de Corte Electoral se modificó, por el de Consejo Nacional Electoral, atendiendo una explicación del Magistrado del Consejo de Estado, Jorge Valencia Arango: «El vocablo Corte produce la sensación de ser un organismo jurisdiccional siendo que la Corte Electoral no es sino una corporación administrativa cuyos actos están sujetos al control de la jurisdicción administrativa».

La Constitución Política de 1991, lo elevó a rango constitucional, en lo referente a la organización de las elecciones y sus autoridades, las calidades de sus miembros deben ser las mismas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no son reelegibles, por fortuna.

A lo largo de sus 135 años ha tenido tres nombres: el Gran Consejo Electoral, La Corte Electoral, y el Consejo Nacional Electoral, tres nombres distintos para el mismo organismo, comprendidos entre el 31 de enero de 1888 a 2023.

Sin embargo, su importancia y respeto esta menguando, inclusive con algunos miembros investigados por la justicia, que, sin ser inconstitucional, si refleja la decadencia de esa corporación, cuyas funciones de ejercer vigilancia al sistema electoral deberían estar estrictamente en magistrados del Consejo de Estado, La Corte Suprema y la Corte Constitucional.