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Procuraduría demandará elección de Personeros en el país, uno es del Huila

Escrito por - 02/10/2024

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Alrededor de 12 municipios del país están en la mira del Ministerio Público.

En una situación que ha dejado en entredicho la transparencia de los procesos electorales, al menos 37 municipios del país se ven envueltos en una controversia debido a presuntas irregularidades en la elección de personeros. La gravedad de la situación ha llevado al Ministerio Público a emitir advertencias de posibles demandas contra 12 de los elegidos.

Las evidencias recopiladas por el Ministerio Público revelan que durante la selección de aspirantes se cometieron errores en las calificaciones de entrevistas, participaron operadores sin la debida experiencia y se registraron fallas logísticas, entre otras anomalías que ponen en tela de juicio la legitimidad de los procesos.

La Universidad Popular del Cesar (UPC), entidad encargada de operar y llevar a cabo varios de estos procesos, se encuentra seriamente comprometida. Según las investigaciones, muchos de quienes firmaron como representantes de la institución en las pruebas de conocimiento carecían de la autorización necesaria para hacerlo.

Ante esta preocupante situación, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública ha instado a los concejos municipales a ejercer su autonomía y no elegir a otros 25 personeros cuya selección fue realizada por la misma entidad universitaria.

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Las indagaciones realizadas por el ente de control revelaron la ausencia de carpetas en algunos casos y la falta de documentación concisa en otros. Además, se evidenció la carencia de planificación logística, la falta de un presupuesto claro y la ausencia de una capacidad humana adecuada para llevar a cabo los procesos.

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Entre los municipios afectados se encuentran Altamira en el Huila, Santa María y Floresta en Boyacá, así como Tibú y Hacarí en Norte de Santander. También figuran Usiacurí en Atlántico, Salamina y Concordia en Magdalena, y Galeras y Corozal en Sucre. Igualmente, los municipios de Chiscas, Chiquiza y Otanche en Boyacá se ven envueltos en la controversia, entre otros.

La demanda por irregularidades en estos procesos electorales se avecina, generando incertidumbre en las comunidades afectadas y planteando interrogantes sobre la idoneidad de los personeros seleccionados en medio de este escenario caótico.

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