Procuraduría pide sanciones para dos alcaldes del Huila por no acatar suspensión de minería ilegal
Escrito por Daniela Perdomo Reyes - 06/06/2023
A pesar de las restricciones judiciales, la minería ilegal sigue en los municipios de Rivera y Campoalegre.
En un medio escrito de comunicación local se dio a conocer que, en los municipios de Rivera y Campoalegre, a pesar de una medida cautelar decretada hace un año, la minería ilegal continúa en acelerado crecimiento en las rondas de protección y zonas de amortiguación del Río Neiva y las quebradas “El Albadán”, “La Pedregosa” y “La Sardinata”. Esta explotación a gran escala de materiales de arrastre está empeorando la problemática ambiental en una zona de alto riesgo, desatendiendo una orden judicial que ordenó la suspensión de la minería ilegal, según el procurador Agrario y Ambiental, Álvaro Hernando Cardona.
La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) ha reportado que la extracción inadecuada del material de playa está generando graves afectaciones ambientales, cambios en la geomorfología del terreno y alteración del paisaje. Además, esta actividad está causando cambios bruscos en la hidrodinámica del río, debilitando las rondas de protección necesarias para prevenir inundaciones y desviaciones del cauce, así como afectando a la flora y fauna.
El procurador Agrario y Ambiental señala que los alcaldes de Rivera, John Jairo Yepes Perdomo, y de Campoalegre, Elizabeth Motta Álvarez, podrían estar incumpliendo las medidas de control impuestas por el Tribunal Administrativo del Huila en abril de 2022. Se alega que los mandatarios locales no han suspendido las actividades de minería de subsistencia realizadas por paleros y volqueteros sin los certificados expedidos por las administraciones municipales ni las autorizaciones de los propietarios de los terrenos cercanos a las corrientes hídricas.
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En este contexto, el procurador solicita que el Tribunal Administrativo del Huila abra un incidente de desacato por incumplimiento de la medida cautelar y adopte las sanciones correspondientes para garantizar el cumplimiento de la decisión. La medida cautelar, decretada el primero de abril de 2022, ordenaba la suspensión inmediata de las actividades de explotación minera en las rondas hídricas de los dos municipios, así como la protección, restablecimiento, restauración y compensación de las zonas afectadas.
A pesar de la urgencia de la orden, emitida por el Tribunal Administrativo, los alcaldes de Rivera y Campoalegre no han cumplido con su ejecución dentro del plazo estipulado de diez días calendario. El Tribunal Administrativo también subraya que la suspensión de las actividades mineras no exime a la autoridad ambiental (CAM) y a la Agencia Nacional de Minería de sus deberes legales en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, control y seguimiento de los títulos mineros otorgados en la zona.
Según un estudio preliminar realizado por la CAM, esta región es considerada de alto riesgo debido a amenazas geológicas, geomorfológicas e hidrometeorológicas. El río Neiva ha socavado lateralmente gran parte de los cultivos cercanos a su cauce, lo que aumenta la probabilidad de eventos hidrometeorológicos.
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