Procuraduría pide suspender y revisar convenio de gestión catastral de Neiva

Convenio que otorgó la administración del catastro y el alumbrado público enfrenta cuestionamientos del Ministerio Público.

En una reciente investigación llevada a cabo por La Silla Vacía, se reveló que el exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz, firmó en 2023 un polémico convenio con dos empresas vinculadas al contratista Alfonso «Turco» Hilsaca, otorgándoles la administración del catastro municipal y el negocio del alumbrado público por los próximos 15 años. Este acuerdo, estimado en cerca de 100 mil millones de pesos, ha generado fuertes críticas y ha sido objeto de denuncias por parte de la Procuraduría.

Según la investigación, La Silla Vacía revela que el proceso de asignación de estos contratos presentó irregularidades desde su origen. La Procuraduría, tras un mes y medio de indagaciones, emitió un auto fechado el 15 de enero, solicitando la suspensión inmediata del convenio y la búsqueda de mecanismos para su anulación.

El procurador judicial administrativo de Neiva, David de La Torre, señaló en el auto que se evidenció un proceso direccionado que eludió las normas de libre competencia. Se destaca que las fechas clave del proceso, desde la delegación de la etapa precontractual hasta la celebración del convenio, indican que todo estaba previamente acordado, lo que constituiría una violación de los principios de libre competencia.

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Además, el Ministerio Público resalta que el negocio representa una carga financiera significativa para los ciudadanos de Neiva, comprometiendo el patrimonio del municipio con pagos considerados excesivamente costosos y a largo plazo. El procurador De la Torre insta al nuevo alcalde, Germán Casagua, a suspender de inmediato los efectos jurídicos del convenio, evitar pagos a las empresas vinculadas al emporio Hilsaca y explorar la posibilidad de anular el acuerdo.

La Procuraduría argumenta que el interés pactado es claramente remunerativo y está sujeto a una tasa alta, lo que sugiere la existencia de una operación de crédito público soterrada. En este contexto, el procurador enfatiza que la operación compromete los recursos del municipio de manera irresponsable.

El futuro del convenio ahora está en manos del alcalde Casagua, quien deberá decidir si aplica la cláusula de terminación. De lo contrario, la Procuraduría explorará la opción de la nulidad a través de una demanda administrativa, aunque este proceso podría prolongarse durante meses e incluso años. La ciudadanía de Neiva espera con atención las decisiones que tomará la administración municipal para esclarecer este controvertido convenio.