Protestas en Perú contra etiqueta de transexualidad como «Trastorno Mental»

Activistas y ciudadanos peruanos alzan la voz contra el decreto gubernamental que etiqueta la transexualidad como «trastorno mental»

 

A pesar de las airadas protestas de grupos defensores de la diversidad sexual, el gobierno peruano confirmó su decisión de mantener el decreto que clasifica la transexualidad como un «trastorno mental». La medida, vigente desde el 10 de mayo, ha generado una fuerte controversia y ha llevado a cientos de activistas LGBT a manifestarse frente al Ministerio de Salud en Lima.

Más de 200 activistas se congregaron frente a la sede ministerial el viernes pasado, exigiendo la revocación de la norma que, según argumentan, fomenta la discriminación y la violencia contra las personas transgénero. Bajo lemas como «No es enfermedad, es diversidad» y «Somos trans y no somos enfermas», los manifestantes bloquearon una transitada avenida para expresar su descontento.

Jorge Apolaya, portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima, destacó la regresión que supone este decreto, comparándolo con la eliminación de la homosexualidad como trastorno por la Organización Mundial de la Salud hace décadas. Por su parte, Maju Carrión, directora de la asociación Transformar, enfatizó la necesidad de una ley de identidad de género para proteger los derechos de las personas transgénero en el país.

Aunque los manifestantes demandaron la derogación inmediata del decreto, un portavoz del Ministerio de Salud justificó su vigencia, argumentando que su anulación impediría el acceso a servicios de salud mental para los afiliados al sistema de salud, especialmente en el ámbito privado. Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio, afirmó que hubo una mala interpretación del decreto y que la transexualidad no es considerada un problema de salud mental por el gobierno.

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El decreto, que actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), se basa en una antigua clasificación de la OMS (CIE-10), lo que ha generado preocupación entre los grupos LGBT. Alvarado aseguró que el gobierno está trabajando para hacer la transición al CIE-11 lo más rápido posible, pero no especificó si esto implicaría la expedición de un nuevo decreto.

Sin embargo, para los colectivos LGBT, la continuación de esta norma pone en peligro a sus miembros, exponiéndolos a prácticas dañinas como las terapias de conversión. A pesar de las críticas y la presión internacional, el gobierno peruano mantiene su postura, lo que ha generado preocupación sobre la protección de los derechos de la comunidad LGBT en el país.