ANT entrega predios de finca de Uribe a asociación campesina en Córdoba
Escrito por Tania Xiomara Chala Lopez - 02/21/2024
Tras años de controversia y litigios, la finca «El Laguito 2», anteriormente parte de la extensa propiedad de la familia Uribe en Montería, ha sido devuelta a su verdadero propósito: ser utilizada en beneficio de la comunidad
La emblemática finca «El Ubérrimo», propiedad del ex presidente Álvaro Uribe y su familia, se encuentra nuevamente en el centro de la atención pública luego de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunciara la recuperación de una porción de esta extensa propiedad. El predio en cuestión, conocido como «El Laguito 2», que abarca aproximadamente 8.3 hectáreas en zonas rurales de Montería y municipios vecinos, ha sido entregado a la Asociación Baluarte Nacional Campesino Juana Julia Guzmán.
Este anuncio marca el último episodio en una saga legal que ha abarcado varios años. Una investigación realizada por el periodista Juan Pablo Barrientos en 2020 reveló que la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., representada por Lina Moreno, esposa de Álvaro Uribe, había ocupado y explotado el predio desde al menos 2012.
A pesar de los esfuerzos por parte de la familia Uribe para legalizar la propiedad a través de una demanda interpuesta en 2019, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cereté dictaminó que «El Laguito 2» carecía de dominio privado y, por lo tanto, pertenecía al Estado como un bien baldío.
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La decisión de la ANT, emitida en julio del año pasado, reafirma que, según la jurisprudencia, la adquisición de la propiedad de predios baldíos está prohibida por ley, independientemente del tiempo que hayan sido ocupados o de que se hayan pagado impuestos sobre ellos.
Este hecho representa un paso importante en la gestión de tierras en Colombia y fortalece el papel de la Agencia Nacional de Tierras en la protección de los bienes del Estado. La entrega del predio a la asociación campesina marca un avance significativo en la restitución de tierras a comunidades vulnerables y refuerza el compromiso del Estado con el cumplimiento de la ley y la justicia social.
