Condenado por escándalo «Centros Poblados»

La justicia condenó a Ottomar José Lascarro Torres por su participación en las irregularidades del millonario contrato de conectividad rural adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados.

Una juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a 12 años y 9 meses de prisión a Ottomar José Lascarro Torres por su participación en las irregularidades detectadas en el contrato de conectividad rural adjudicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a la Unión Temporal Centros Poblados 2020.

La decisión se produjo tras las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que logró demostrar la responsabilidad del procesado en los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado.

Además de la pena privativa de la libertad, el condenado deberá pagar una multa superior a los 2.452 millones de pesos y cumplir una inhabilidad de 153 meses para ejercer derechos y funciones públicas.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción, Lascarro Torres aportó la experiencia, información financiera y documentación de dos empresas de su propiedad para acreditar la capacidad técnica requerida en el proceso de contratación y facilitar la conformación de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020.

Según la Fiscalía, estas acciones indujeron en error a los funcionarios del MinTIC encargados de adjudicar el contrato, cuyo valor superó el billón de pesos y tenía como objetivo llevar conectividad a más de 7.000 instituciones educativas rurales del país.

Las autoridades también establecieron que el empresario recibió cerca de 250.000 dólares como contraprestación por su participación en la operación irregular. Los recursos habrían sido transferidos a una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos.

La Fiscalía destacó que esta condena representa un nuevo avance en el esclarecimiento de uno de los mayores escándalos de corrupción relacionados con la contratación pública en Colombia. No obstante, la sentencia es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.