Consejo de Estado condenó a la Alcaldía de Neiva por agresión sexual contra tres estudiantes
Escrito por Daniela Perdomo Reyes - 11/21/2023
La resolución destaca la falta de acciones preventivas por parte de la administración municipal ante los antecedentes del docente agresor.
El Consejo de Estado ratificó una sentencia condenatoria por agresiones sexuales a menores ocurridas hace 15 años en la Institución Educativa Oliverio Lara de Neiva. La Alcaldía de Neiva se enfrenta a una indemnización de al menos 1.653 millones de pesos por los abusos cometidos por el docente Jorge Luis Vidarte, ya condenado y en prisión.
La decisión, emitida por el Tribunal Administrativo en febrero de 2016, fue confirmada tras una apelación presentada por el entonces alcalde Rodrigo Lara Sánchez. La Alcaldía deberá asumir el pago de 1.175 millones de pesos por perjuicios morales y una suma equivalente a 250 salarios mínimos mensuales por daño a la salud de las menores afectadas.
El abusador, Jorge Luis Vidarte, fue denunciado en noviembre de 2008 y posteriormente condenado a 180 meses de prisión. Se reveló que contaba con antecedentes de abuso sexual, y a pesar de ello, la administración municipal no tomó medidas para evitar que continuara sus conductas abusivas.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado desestimó la solicitud de vincular al Ministerio de Educación y la Gobernación del Huila en el pago de la indemnización, argumentando que la falla en el servicio fue responsabilidad de la administración municipal.
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Como parte de las medidas resarcitorias, la Alcaldía deberá ofrecer disculpas públicas a las víctimas y adoptar acciones de reparación simbólica, incluyendo la revisión de hojas de vida de docentes con el acompañamiento de la Procuraduría Delegada para la infancia y la adolescencia. Además, se ordenó un acto de reparación simbólica en una ceremonia privada en los próximos seis meses.
El Consejo de Estado también exige garantías de no repetición, con la revisión de hojas de vida de docentes y la denuncia inmediata de conductas abusivas. La Alcaldía, con recursos públicos, deberá determinar y asumir el tratamiento psicológico necesario para las víctimas.
Este caso se suma a otros similares en la región, como el ocurrido en la Institución Educativa Gallego, donde la Gobernación del Huila también fue condenada con indemnización a las víctimas de abusos sexuales perpetrados por un docente.
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