Derogan norma que frenaba la fumigación aérea

Gobierno deroga norma que suspendía fumigaciones aerea y con glifosato.

La administración de Abelardo de la Espriella dio un paso para cumplir una de sus promesas de campaña al dejar sin vigencia la Resolución 6 de 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes, norma que estableció la suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato como mecanismo para combatir los cultivos destinados al narcotráfico.

La resolución había sido adoptada durante el proceso de negociaciones de paz y llevó al Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos a suspender el uso de este herbicida en las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos.

Con la derogatoria, el Gobierno abre nuevamente la posibilidad de utilizar este mecanismo dentro de su estrategia contra el narcotráfico. No obstante, el nuevo decreto aclara que la decisión no implica la reanudación automática de las aspersiones ni autoriza de manera inmediata las fumigaciones mediante aeronaves tripuladas.

Deberá cumplir condiciones de la Corte Constitucional

Para poner nuevamente en marcha un eventual programa de aspersión aérea, el Gobierno tendrá que cumplir las condiciones establecidas previamente por la Corte Constitucional.

El alto tribunal no prohibió de manera absoluta el uso del glifosato en este tipo de operaciones, pero determinó una serie de requisitos que deben cumplirse antes de retomar las fumigaciones.

Uno de los principales pasos será la expedición de un Plan de Manejo Ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, instrumento necesario para establecer las condiciones bajo las cuales podrían desarrollarse las operaciones.

Posteriormente, el Gobierno deberá adelantar procesos de consulta previa con las comunidades indígenas que se encuentren en los territorios que eventualmente sean incluidos dentro de las zonas focalizadas por la estrategia antidrogas.

De esta manera, aunque la derogatoria elimina el principal obstáculo normativo que mantenía suspendidas las aspersiones desde 2015, la eventual utilización del glifosato dependerá de que el Gobierno complete los procedimientos ambientales y de participación establecidos por la legislación y la jurisprudencia constitucional.