EPS Sura anunció su retiro del Sistema de Salud

La decisión se debe a una grave crisis financiera que afecta a la compañía.

Este martes 28 de mayo, se confirmó que la EPS Sura solicitará ante la Superintendencia Nacional de Salud su retiro voluntario del sistema. La decisión surge en medio de una grave crisis financiera que afecta a la compañía y a toda la cadena de valor del sistema de salud.

En una rueda de prensa, Juana Francisca Llanos, presidenta de Suramericana, describió esta decisión como «la más difícil» que la empresa ha tenido que tomar.

«Hoy, radicamos ante la Superintendencia Nacional de Salud la solicitud de autorización para el retiro de EPS Sura del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia a través de un programa de desmonte progresivo», declaró Llanos.

Este mecanismo jurídico permitirá un retiro ordenado y diligente, después de una evaluación rigurosa de varios meses.

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La EPS Sura, que cuenta con más de cinco millones de afiliados, aseguró que continuará prestando servicios «con la calidad y la responsabilidad» que los caracteriza hasta que las autoridades otorguen las aprobaciones necesarias.

«En un acto de responsabilidad, EPS Sura seguirá atendiendo las necesidades de sus afiliados en cobertura médica, con la misma calidad y compromiso, hasta que las autoridades competentes otorguen las aprobaciones regulatorias necesarias», indicó la EPS en un comunicado.

Pablo Otero, gerente de EPS Sura, explicó que los servicios se mantendrán y que, una vez el Gobierno apruebe la solicitud de retiro, se iniciará un «plan de desmonte progresivo».

Además, Sura subrayó la importancia de sus proveedores y prestadores durante este proceso. Añadieron que el programa de desmonte progresivo prevé la creación de un patrimonio autónomo para proteger los fondos en las reservas técnicas, gestionando responsablemente las obligaciones con clínicas, IPS y hospitales.

La noticia ha generado preocupación entre los afiliados, quienes ahora enfrentan la incertidumbre sobre su cobertura médica futura. Las autoridades de salud y los entes reguladores tendrán la tarea de supervisar este proceso para garantizar una transición ordenada que proteja los derechos y necesidades de los usuarios del sistema de salud.