Estado colombiano tendrá que reparar a niño que se salvó de ser “falso positivo”

Indemnizarán a menor que se salvó de un asesinato múltiple de “falsos positivos”.

Tropas del Batallón de Infantería N° 12 de Juananbú realizaron una operación denominada “Normandía” el pasado 29 de noviembre de 2003. Dicha acción militar tenía como objetivo destruir una emisora clandestina a cargo de guerrilleros del Frente 49 de las FARC, que funcionaba en el corregimiento de Zabaleta, ubicado en San José de la Fragua en el Caquetá.

Sin embargo, la operación terminó con la muerte de dos mujeres y un menor de edad de nueve meses. Además, un menor de cuatro años resultó herido de bala, pero luego de ser atendido, se salvó.

Según las denuncias que llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el camino los soldados encontraron a Floresmiro Guasaquillo y Faber Gil Buitrago, los detuvieron para que les indicaran el lugar donde presuntamente funcionaba la emisora.

Al tiempo un grupo de guerrilleros llegó a la vereda y obligó a Dora Inés Meneses, junto a sus hijos, Gonzalo y Héctor Fabián Ocampo Meneses, de 9 meses y 4 años de edad, respectivamente, junto a Luz Mélida Ocampo, a desplazarse desde su casa hasta el sitio donde funcionaba la antena de comunicación, mientras se dirigían al lugar, el grupo armado habría retenido a José Duván Gil Vásquez, quien habría sido obligado a acompañar a las mujeres y a cargar a uno de los niños.

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En ese momento, llegó el Ejército y abrió fuego con las personas que se encontraban allí. Posteriormente, Faber Gil Buitrago habría identificado a su esposa entre las víctimas mortales, razón por la cual se lanzó a reclamarle a los miembros del Ejército que se encontraban en la zona, pero fue torturado y posteriormente ejecutado por estos, junto a Floresmiro Guasaquillo.

Es así como el único sobreviviente de los hechos fue el menor de edad Héctor Fabián Ocampo Meneses, a quien después de ser atendido en el hospital de Florencia lo habrían entregado al Instituto de Bienestar Familiar con un informe que señalaba que sus padres habían muerto en un enfrentamiento con el Ejército.

Luego el menor quedó al cuidado de sus abuelos paternos. Y los fallecidos fueron presentados por las fuerzas militares como miembros de las FARC y enterrados como NN, en una fosa común del cementerio central de la capital del Caquetá.

Es así como la Corte falló a favor, luego de una solución amistosa entre las partes en la que el Estado reconoció su responsabilidad por omisión de la violación a los derechos de las víctimas como consecuencia de la falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos y por la violación a los derechos de garantías judiciales y protección judicial.

Además, el Estado Colombiano se comprometió, entre otros, a la publicación de los apartes pertinentes del informe de solución amistosa y a garantizar el estudio del menor, que para la época de los hechos tenía cuatro años.

También, se comprometió a dar un auxilio económico de estudio con el objetivo de financiar un programa de pregrado en una Institución de Educación Superior en Colombia. Este cubrirá el valor de la matrícula de los semestres de un programa académico de nivel técnico profesional, tecnológico o universitario, por un valor semestral de hasta once SMMLV y un recurso de sostenimiento semestral de hasta dos SMMLV.

Es de resaltar que en el más reciente examen del cumplimiento del encontraron que el joven no había presentado la Prueba Saber 11, pero se comprometió a presentarla pues es requisito para entrar a la Universidad.