La destitución de Gorky. Cuando la justicia no funciona

Escrito por: Jorge Fernando Perdomo

En una democracia siempre se corre el riesgo de la equivocación. Finalmente es parte de su esencia, acertar o errar, y el costo final de la decisión del elector se verá reflejado en su bienestar y desarrollo como sociedad. Por eso se dice que el poder político radica en la soberanía del pueblo y el derecho de este a elegir y ser elegido. Entonces podemos tener la fortuna de tener buenos gobernantes, y también corremos el riesgo de elegir ineptos, demagogos, populistas, corruptos y ladrones.

La noticia de la semana pasada generada por la Procuraduría General de la Nación fue la destitución del alcalde Gorky Muñoz por corrupción, por hechos que datan desde el 4 de abril de 2020, identificándose la infracción en la selección del contratista con la recordada fundación del charco Nariño donde aparecieron los financiadores de la campaña política del alcalde Gorky, y los sobreprecios en la contratación de la ayuda humanitaria para población vulnerable cuando resultaba urgente mitigar la calamidad originada por el COVID 19.

Tres años después, la Procuraduría en primera instancia sanciona a Gorky Muñoz con destitución, pero como bien se ufana el alcalde, casi que en tono burlesco y desafiante, apelará y dilatará para poder terminar su periodo del cual solo quedan 9 meses y de paso ejecutar los $25.000 millones del nuevo empréstito, que en actitud irresponsable y cómplice, le acaban de aprobar 11 concejales cuyos nombre recordaremos en las próximas elecciones de otubre.

No puede la Procuraduría ser tan irresponsable al permitir que una conducta evidente de corrupción no sea investigada y castigada severa y oportunamente. No hay peor injusticia que una justicia tardía. Las demoras en resolver casos tan emblemáticos de corrupción que lesionan gravemente la credibilidad de la sociedad en sus instituciones, nos deja un sabor amargo con tufillo de complicidad, porque durante tres años estuvimos esperando los resultados en la investigación de estas conductas que generan perjuicios irremediables.

Nos dirán que hay que garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, pero estas garantías fundamentales, aun para corruptos y bandidos, se pueden preservar priorizando investigaciones, dándoles un trámite más ágil y evitando las dilaciones en las cuales son expertos abogados marrulleros y operadores judiciales negligentes.

La justicia puede y debe priorizar la investigación y sanción de conductas de funcionarios públicos, cuando resulta evidente el acto de corrupción, como la contratación de Gorky Muñoz con la fundación del Charco Nariño y de paso evitarle a la ciudad la perdida de dineros, el caos y la anarquía que heredaremos de esta administración y que ahora este dirigiendo todos los recursos oficiales elegir sus candidatos en las próximas elecciones.