Reiteran que las víctimas del conflicto no están obligados a prestar el servicio militar
Escrito por Daniela Perdomo Reyes - 08/01/2023
La petición busca asegurar que estas personas no estén en la obligación de prestar el servicio militar, como lo establece la Ley de Víctimas.
En un encuentro con los miembros del Sistema Jurídico Integral del Ejército Nacional, la Procuraduría General de la Nación ha solicitado al Ejército cumplir con lo establecido en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011, artículo 140). La ley indica claramente que las víctimas del conflicto armado en Colombia están exentas de la obligación de prestar servicio militar.
Durante la reunión, la Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz enfatizó la importancia de reconocer la condición de víctimas del conflicto durante las jornadas de reclutamiento que se llevan a cabo en los distintos distritos militares del país. El ministerio público ha encontrado diversas barreras que impiden garantizar este derecho a la población afectada por el conflicto armado.
Una de las medidas solicitadas por el órgano de control es que se garantice a las víctimas la expedición gratuita de la libreta militar. Según cifras proporcionadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), en 2022, aproximadamente 15.000 jóvenes víctimas del conflicto armado no habían podido definir su situación militar, lo que les genera dificultades para acceder a programas de empleo que exigen esta condición legal. Solo un número muy reducido, alrededor de 550 jóvenes, han podido obtener su libreta militar hasta la fecha.
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Además, la Procuraduría invitó al Ejército a formar parte de un acuerdo interinstitucional que facilite la presencia de uniformados en cada Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV). Esta medida tiene como objetivo proporcionar orientación a las víctimas sobre los pasos a seguir para resolver su situación militar y ejercer plenamente sus derechos.
La iniciativa busca asegurar que las víctimas del conflicto armado sean tratadas con justicia y se les garanticen sus derechos fundamentales, incluido el acceso a programas de empleo y la exención del servicio militar, tal como lo establece la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
