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Suspenden del cargo a la Personera de Guadalupe

Escrito por - 04/09/2024

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La suspensión se da tras la admisión de una demanda de nulidad por presuntas irregularidades en su proceso de reelección.

La continuidad en el cargo de María Alexandra Floriano Parra como Personera de Guadalupe, se tambalea luego de que el Tribunal Administrativo del Huila admitiera una demanda de nulidad por irregularidades en su proceso de reelección. La funcionaria, quien comenzó un nuevo periodo en enero pasado, se enfrenta a la orden judicial de dejar su cargo tras la suspensión provisional decretada como medida cautelar.

El proceso de selección que llevó a la reelección de Floriano Parra se vio envuelto en controversias desde su inicio. Se denuncia que el concurso fue organizado por una entidad desconocida, suplantando a la Universidad Popular del Cesar (UPC) con sede en Valledupar. Las alarmas sobre estas irregularidades fueron levantadas por el propio rector de la UPC, Rober Romero Ramírez, así como por la Procuraduría, sin embargo, el Concejo de Guadalupe prosiguió con el proceso hasta la designación de Floriano en enero de 2024.

Las demandas presentadas ante el Tribunal Administrativo del Huila evidencian una serie de irregularidades en el proceso de selección, incluyendo la falta de autorización de la UPC para llevar a cabo el concurso, así como la ausencia de criterios objetivos e imparciales en la evaluación de los participantes.

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La medida cautelar de suspensión fue decretada por el magistrado Ramiro Aponte Pino tras admitir una de las dos demandas de nulidad contra la elección de Floriano Parra. A pesar de las objeciones de la funcionaria y la administración municipal, el tribunal respaldó la decisión, destacando la necesidad de cumplir con los estándares legales en los procesos de selección.

El caso de Guadalupe no es único en la región, ya que la elección del Personero de Altamira, Héctor Augusto Vargas Toledo, también está siendo cuestionada por irregularidades similares. Estos acontecimientos ponen en entredicho la integridad de los procesos de selección de funcionarios públicos en la región y plantean interrogantes sobre la responsabilidad de los concejales involucrados.

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Mientras tanto, otras demandas han sido presentadas en relación con la elección de personeros en Teruel y Aipe, destacando la necesidad de abordar de manera integral las irregularidades que puedan comprometer la legitimidad de los procesos democráticos locales.


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