Tres capturados por reclutamiento forzado

La Fiscalía les imputó cargos por reclutamiento ilícito, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas. Un juez los envió a prisión.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de tres presuntos integrantes de una célula del frente Armando Ríos, conocido también como Estructura 1 (E1) de las disidencias de las Farc, quienes estarían involucrados en el reclutamiento forzado de menores de edad, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas, en al menos cinco departamentos del país.

Los procesados fueron identificados como José Lisandro Díaz Isaza, alias Liso; Jhonatan Estiven Amaya Castillo, alias Tío; y Jhon Durango Reyes, alias Toribio, a quienes se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, reclutamiento ilícito, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Ninguno de los señalados aceptó los cargos, sin embargo, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

De acuerdo con la investigación liderada por la Dirección Especializada contra la Criminalidad Organizada, alias Tío sería el cabecilla de esta célula miliciana y el encargado de identificar a las víctimas, seleccionando menores en condiciones de alta vulnerabilidad, principalmente en instituciones educativas ubicadas en zonas rurales de difícil acceso.

Según las pruebas, alias Tío se hacía pasar por estudiante y usaba esa fachada para acercarse a los menores, ganarse su confianza con regalos y dinero, o bien mediante amenazas, con el fin de inducirlos a integrar el grupo armado ilegal. Posteriormente, los entregaba a otros miembros de la estructura, quienes los trasladaban a las llamadas “escuelas” del grupo armado.

Allí, los adolescentes eran entrenados y luego asignados a frentes armados, donde eran instrumentalizados para participar en enfrentamientos con la Fuerza Pública o grupos rivales.

Las autoridades continúan investigando la posible responsabilidad de otros integrantes de esta organización ilegal, así como el alcance del reclutamiento de menores en distintas regiones del país.