Aprobada reforma histórica para universidades públicas

La educación superior pública en Colombia recibirá un impulso histórico luego de que el Congreso aprobara la reforma a la Ley 30.

El Congreso de la República aprobó la reforma a la Ley 30 de 1992, una medida que inyectará más recursos a las universidades públicas del país y que es considerada un salvamento financiero para el sistema de educación superior estatal, golpeado durante décadas por un modelo de financiación insuficiente.

En solo tres años, el presupuesto destinado a las instituciones de educación superior públicas pasó de 5,5 billones de pesos a cerca de 12 billones en 2025, incluidos los recursos para la política de gratuidad. Para 2026, la proyección supera los 13 billones de pesos y, con la entrada en vigencia de la reforma a los artículos 86 y 87, en 2027 el sistema recibiría cerca de un billón de pesos adicionales.

Durante más de 30 años, la financiación estuvo atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), un mecanismo que resultó insuficiente para cubrir los costos reales de funcionamiento, atender el crecimiento de la matrícula y garantizar estándares de calidad académica. Esta situación derivó en un desfinanciamiento estructural que fue denunciado de manera reiterada por universidades, rectores y estudiantes.

Una deuda que empieza a saldarse

Tras años de reclamos y una década marcada por la movilización estudiantil, la educación superior pública en Colombia comienza a saldar una deuda histórica. La reforma, que ahora espera sanción presidencial, garantiza el fortalecimiento financiero de universidades e instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales, brindándoles un horizonte de mayor estabilidad.

Hace diez años, miles de estudiantes salieron a las calles para defender la universidad pública y exigir una financiación acorde con su crecimiento. Hoy, esa exigencia se convierte en Ley de la República, con un nuevo modelo que promete reglas más justas, sostenibilidad y planeación a mediano y largo plazo.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, destacó el carácter colectivo del logro y el papel del movimiento estudiantil. “Aquello por lo que se movilizaron hoy se traduce en una norma que reconoce la educación como un derecho y como un pilar para la construcción de paz”, afirmó.

Un nuevo modelo de financiación

Con la reforma, los aportes de la Nación dejarán de ajustarse únicamente por el IPC y se actualizarán con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE. Este indicador refleja de manera más precisa los gastos reales del sistema, como docencia, investigación, infraestructura y bienestar universitario.

La meta de largo plazo del Gobierno es que la inversión en educación superior pública alcance el 1 % del Producto Interno Bruto (PIB), frente al 0,52 % actual, acercando a Colombia a los estándares internacionales y a los promedios de los países de la OCDE.

Los nuevos recursos estarán destinados a ampliar el acceso, garantizar la permanencia y graduación de los estudiantes, fortalecer el bienestar universitario, mejorar las condiciones de docentes y administrativos, impulsar proyectos de infraestructura, consolidar la investigación y cerrar brechas territoriales y sociales en todo el país.