JEP imputa crímenes de guerra a integrantes de antiguo Bloque Occidente de las FARC-EP
Escrito por Daniela Perdomo Reyes - 12/22/2023
Los imputan por crímenes de guerra, secuestros y masacres ocurridos en el Valle del Cauca, el Cauca, Nariño y sur del Chocó.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado a ocho antiguos integrantes del Comando Conjunto de Occidente o Bloque Occidental de las extintas FARC-EP por crímenes de guerra, lesa humanidad y otros delitos cometidos entre 1993 y 2016. Esta es la tercera imputación en el marco del Caso 01, que investiga la toma de rehenes y otros crímenes de las FARC-EP.
En esta decisión, la Sala llamó a reconocer la responsabilidad a líderes regionales del secuestro y masacre de los diputados del Valle del Cauca, identificando a Édgar López Gómez, «Pacho Chino»; Jesucristo Jiménez Cuéllar, «Juvenal Rodríguez»; Juan Carlos Ramírez, «Sargento Pascuas»; Gustavo Arbeláez Cardona, «Santiago Naya»; Héctor Julio Villarraga, «Gilberto Arroyave»; y a las personas conocidas como «El Paisa» o «William», «Leonel Páez» y «Pacho Quinto».
La JEP determinó que siete de los imputados son máximos responsables regionales de los secuestros, materializando la política de secuestro trazada por el antiguo Secretariado de las FARC-EP. Además, la Sala imputó a Gustavo Arbeláez y Héctor Julio Villarraga como máximos responsables regionales del secuestro y masacre de los diputados del Valle del Cauca.
Como parte del proceso judicial, los imputados deben proporcionar información para continuar la búsqueda, localización e identificación de personas secuestradas dadas por desaparecidas. La Sala ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación identificar información sobre 27 guerrilleros del Bloque Occidental cuyo paradero es desconocido.
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La investigación reveló que 227 de las 3,821 víctimas acreditadas señalan al Comando Conjunto de Occidente como presunto responsable de sus hechos victimizantes, incluyendo 60 secuestros múltiples. La estructura tenía el deber de financiar sus operaciones y enviar dinero al Secretariado para el Plan Estratégico, utilizando secuestros con fines de control territorial.
La Sala explicó que los secuestros fueron transgresiones a la dignidad humana, prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. El trato brindado a las víctimas causó profundo sufrimiento, incluyendo aislamientos, marchas forzadas, malos tratos y condiciones extremas de cautiverio.
El Comando Conjunto de Occidente privó de la libertad a civiles con fines de canje por guerrilleros presos. También se financió a través de secuestros extorsivos, cobrando cuotas a transportadores y empresarios. Los secuestros con fines de control territorial estaban dirigidos a mantener el control en áreas estratégicas.
El proceso judicial seguirá con la notificación a los imputados, quienes tienen 30 días hábiles para reconocer o rechazar los hechos y su responsabilidad. Las víctimas y el Ministerio Público también tienen el mismo plazo para presentar observaciones.
