«Recursos para atender a víctimas del conflicto siguen siendo insuficientes»: Contraloría
Escrito por Daniela Perdomo Reyes - 08/22/2023
La situación de las víctimas en Colombia sigue siendo un dilema sin resolver, según un informe del ente de control.
La Contraloría General de la República ha lanzado una advertencia sobre la continua falta de recursos destinados a cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación estipuladas en la Ley 1448 de 2011 para más de 9 millones de colombianos registrados como víctimas.
Según el Décimo Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, junto con los Onceavos Informes de Seguimiento a Decretos Leyes Étnicos, elaborados en colaboración con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y representantes de la Mesa Nacional de Víctimas y Comisionados de los pueblos étnicos, se requieren alrededor de $252,4 billones entre 2023 y 2031 para cubrir estas necesidades. Esto no incluye los costos relacionados con las sentencias de restitución de tierras ni los recursos necesarios por parte de las entidades territoriales.
El desglose de los recursos requeridos según la Contraloría se enfoca en medidas claves, como la indemnización individual y colectiva ($84,2 billones), vivienda ($71,8 billones), generación de ingresos ($19,4 billones), subsistencia mínima ($17,3 billones) y retornos y reubicaciones ($12,1 billones).
La CGR enfatiza la necesidad de mejorar la ejecución de los recursos disponibles tanto a nivel nacional como territorial, ya que se han identificado deficiencias significativas en la ejecución de recursos de inversión. Esto incluye un rezago en la ejecución de recursos de inversión de $732.100 millones a nivel nacional y $329.477 millones a nivel territorial en 2022.
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Además, se señala una brecha considerable en la asignación de recursos por parte de las entidades territoriales en relación con el número de víctimas presentes en los territorios, lo que requiere una mayor coordinación entre las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas (SNARIV).
La falta de oferta adecuada de viviendas para las víctimas de desplazamiento forzado también se destaca como un problema, con un número mínimo de subsidios asignados en comparación con el gran número de hogares que requieren atención.
En cuanto a la generación de ingresos para las víctimas, se observan altos niveles de pobreza y pobreza extrema entre esta población. La Contraloría insiste en la necesidad de una política específica para la generación de ingresos de la población víctima y la mejora en la ejecución de recursos asignados para este propósito.
Además, se hace hincapié en la importancia de fortalecer el Fondo de Educación Superior para Víctimas y se destaca la baja asignación presupuestal y de cupos para créditos condonables en varios departamentos.
La Contraloría enfatiza la necesidad de ajustar el documento CONPES 4031 de 2021 para incluir detalles de financiación y universos pendientes de atención. Se calcula que se necesitarían aproximadamente $3,9 billones a precios de 2023 para implementar cuatro medidas específicas para los pueblos étnicos entre 2023 y 2031.
En resumen, la Contraloría General de la República hace un llamado al Gobierno para abordar de manera más efectiva las necesidades de las víctimas, incluyendo la asignación de recursos adecuados y una mayor coordinación entre las entidades involucradas.
