Colegio Cacique Pigoanza bajo la lupa por presuntas irregularidades
Escrito por Daniela Perdomo Reyes - 03/04/2024
Señalan posibles sobrecostos y deficiencias en la calidad de los materiales utilizados.
La Contraloría General de la República ha iniciado una exhaustiva auditoría de fiscalización en torno a la construcción del colegio Cacique Pigoanza, ubicado en la comuna 6, al sur de Neiva. La auditoría, que abarca aspectos como la recolección y análisis del cumplimiento normativo, la celebración indebida de contratos y la posible existencia de sobrecostos, fue solicitada a raíz de denuncias presentadas por la veeduría ciudadana.
Según las denuncias, en la ejecución de la obra podrían haberse presentado irregularidades tales como posibles sobrecostos y el incumplimiento de las especificaciones de los materiales establecidas en el contrato. La veeduría ciudadana señala que se están utilizando materiales de baja calidad o inadecuados para la construcción, lo que podría comprometer la integridad estructural de la institución educativa a corto y largo plazo.
El contrato para la construcción del colegio, adjudicado en abril del año anterior durante la administración del exalcalde Gorky Muñoz Calderón, estableció la ejecución de la fase I de la institución educativa. La obra, financiada con recursos propios, así como con aportes del Sistema General de Regalías y la interventoría, tiene un valor total de $11.148.511.399.
Leer también: EXALTAN A LAS FUERZAS PÚBLICA POR LA LUCHA CONTRA EL DELITO EN EL HUILA
El Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social «Sierra Nevada» fue designado como ejecutor del proyecto. Sin embargo, según la veeduría, se han detectado posibles irregularidades en la contratación del Consorcio IE Cacique Pigoanza, encargado de la ejecución de la obra. Este consorcio, representado por Edwin Alberto del Toro Camargo, habría sido contratado por el fondo por un valor de $10.245.314.120, incluido AIU e IVA.
Además, se señalan posibles sobrecostos en el cerramiento del proyecto y deficiencias en las condiciones laborales del personal, que no contarían con los elementos de protección individual ni con la dotación adecuada.
El informe completo de la auditoría de la Contraloría General de la República será presentado en mayo, mientras que la Comisión Regional de Moralización también realizará un seguimiento al contrato adjudicado, teniendo en cuenta sus funciones de prevención, investigación y sanción de la corrupción, según lo establecido en el Decreto 1686 de 2017.
Opiniones
Continuar leyendo
