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Organizaciones sociales piden seguridad para líderes en elecciones regionales

Escrito por - 03/27/2023

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Con el fin de garantizar la seguridad de defensores de derechos y líderes sociales, organizaciones solicitan que se extremen las medidas de seguridad.

Las cifras de hechos violentos a manos de actores armados a una semana de terminar el primer trimestre del año, son alarmantes e indican que para el 2023 será desafiante en temas de seguridad en Colombia.

Especialmente en el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, pues en el 2022 fueron asesinados 212, es decir, uno cada dos días. Entre estas víctimas se encuentran 191 hombres, 17 mujeres y cuatro personas con orientaciones sexuales diversas.

Y en los primeros dos meses de este año se registraron 20 homicidios, según la Base de Datos de Violencia Sociopolítica de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

Se teme que la violencia siga aumentando ad portas de las elecciones regionales que se llevarán a cabo en el mes de octubre. Pues el gobierno nacional tendría que ponerle el acelerador a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS).

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El proceso incluirá aproximadamente 120.000 candidatos dispersos por los 1.121 municipios y corregimientos departamentales de Colombia, así como una red de líderes sociales y comunales que apuestan por sus candidatos para poder garantizar representación en lo local.

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En concordancia con el informe “La democracia en el punto de mira”, producido por la MOE y la CCJ, una de las causas del aumento de estos actos violentos es el incumplimiento en la implementación del Acuerdo de Paz y sus mecanismos de seguridad, entre ellos la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

“El avance ha sido más lento de lo que todos hubiéramos querido, incluyendo al Gobierno. Al no ponerse en práctica la política de desmantelamiento, se permite que proliferen los grupos ilegales, que se expandan con sus formas de violencia, que incluyen los asesinatos no solo de líderes y lideresas, sino de firmantes de paz”, le dijo a Colombia+20 la directora de la Comisión Colombiana de Juristas, Ana María Rodríguez, quien es delegada por las plataformas de derechos humanos ante la CNGS.

Además, el pasado 28 de febrero en un ultimátum al Gobierno para que se presentara la política de desmantelamiento, los magistrados del alto tribunal le expresaron al actual comisionado para la Paz, Danilo Rueda, su preocupación ante la posibilidad de que la política de paz total de Petro le quite fuerza a la implementación del Acuerdo con las FARC.

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Una violencia que no se detiene. De acuerdo con el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), revelado la semana pasada, el año pasado hubo 123.220 víctimas de desplazamiento, 39.404 persona confinadas y 209 casos de desaparición relacionados con conflictos armados. A eso se suman 50 asesinatos de excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación.

En el informe de la Comisión Colombiana de Juristas que se publicará en las próximas semanas sobre estos hechos de violencia, evidencian que los grupos armados ilegales siguen “declarando blanco de ataque” a estos activistas, a quienes “ven como una barrera para su control y expansión”.


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